¡La defensa de la Patria, empieza por la casa!

GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y VIVIENDA

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO DE DEFENSA DE LA VIVIENDA CDV,
EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

México, D. F., 10 de diciembre de 2008.

El día de hoy, 10 de diciembre, se cumplen 60 años de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los
Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que
fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros
establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política
de los países o de los territorios".
A 6 décadas de distancia, en México esta declaración sigue siendo letra
muerta y triste espectadora de los constantes e indignantes atropellos de las
autoridades en contra de la población. A diario se producen violaciones a los
derechos humanos, laborales, económicos, sociales, etc. En nuestro país, la
vivienda es un derecho constitucional de los mexicanos que el Estado no
cumple. Por el contrario, con el modelo neoliberal esta prerrogativa ha quedado
degradada al nivel de mercancía. Los organismos federales de vivienda han
perdido la orientación social que les dio origen y se han convertido en entes
financieros.
Desde su constitución, en junio de 2007, el Consejo de Defensa de la Vivienda,
CDV, ha venido denunciando de forma documentada un conjunto de
irregularidades en la administración de miles de créditos, sin que hasta la fecha
exista una acción institucional que las corrija de fondo.
Por ejemplo, señaló públicamente que en enero y junio de 2006 el Infonavit
vendió más de 54 mil créditos vencidos a dos empresas particulares de capital
trasnacional: Recuperadora de Deuda Hipotecaria y SCRAP II. El CDV, inició
una auditoría ciudadana a esta dependencia federal por medio de la cual logró
obtener los contratos de venta de dichos empréstitos. Esta documentación
revela información que resulta verdaderamente indignante.
Por un lado, se constató que, en números redondos, SCRAP II adquirió más de
36 mil créditos que valían 7 500 millones de pesos en mil 173 millones;
mientras que CAPMARK compró en 415 millones de pesos 18 mil empréstitos
que valían 4 mil millones de pesos. Haciendo un cálculo promedio de ambas
transacciones se obtiene que las dos recuperadoras de deuda compraron cada
vivienda en 25 mil pesos y las revenden a sus auténticos propietarios en 300,
400 ó 500 mil pesos; es decir, en más del 1000% del valor de compra, sin
tomar en cuenta además, lo que los trabajadores pagaron durante años.
La primera empresa beneficiada por esta ganga, Recuperadora de Deuda
Hipotecaria, tiene como estrategia cambiar de nombre en los distintos países
donde opera. Se le han detectado las siguientes denominaciones, aunque se
sabe que tiene más: CAPMARK, Zendere, , Amresco, Gmac y Lend Lease.
Con el nombre de Lend Lease – cuyos orígenes se ubican en Australia -
adquirió cartera del IPAB. Como Capmark aparece asociada con el poderoso
corporativo trasnacional Hoovers, cuyos accionistas tienen nexos con los
niveles más alto del gobierno de los Estados Unidos. La naturaleza del capital
extranjero de esta firma la confirma el notario Montes de Oca, pues en la
Cláusula II del contrato se establece que éste “procederá a dar aviso
correspondiente al Registro Nacional de inversiones extranjeras” sobre la
transacción.
Pero la segunda empresa observa el mismo patrón de privilegios. SCRAP II, S.
de R. L. de C. V., a su vez es un “grupo inversionista” de Pendulum
Associates, S. de R. L., cuyo actual presidente, Enrique Colliard, fungió años
atrás como coordinador general de Recursos Corporativos del FOBAPROA.
Este personaje pagó con un cheque de caja de mil 173 millones de pesos el
mismo día que la firma se constituyó y varios meses después de que se
publicaran las convocatorias correspondientes. Por lo tanto la empresa no
estaba dada de alta en el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio el día
en que le fue adjudicada la cartera.
Por si esto fuera poco, un empresario gallego, David Leopoldo Sánchez –
Tembleque Cayazzo, en su calidad de subdirector general de Planeación y
Finanzas de Infonavit, fue quien vendió indebidamente estos más de 54 mil
créditos quebrados. La primera venta se protocolizó en la Notaría Pública 227
del Distrito Federal, cuyo responsable es Carlos Montes de Oca. En los últimos
párrafos del contrato de cesión de derechos, el notario público asentó que
“David Leopoldo Sánchez – Tembleque Cayazzo es originario de La Coruña,
España, lugar donde nació el día veintinueve de febrero de mil novecientos
sesenta y ocho…” Líneas más adelante registró que “… acredita su legal
estancia en el país con forma migratoria Tres número seis tres ocho uno ocho
ocho en la que consta su calidad de no inmigrado visitante”.
Cinco meses después, en junio de 2006, Sánchez - Tembleque acudió a
formalizar la comercialización del segundo paquete de créditos, adquiridos por
SCRAP II. De acuerdo con el testimonio de la escritura del contrato respectivo,
protocolizada ante el notario 121 de esta ciudad, Armando Mastachi Aguario, el
subdirector general de Planeación y Finanzas del Infonavit acreditó su legal
estancia en el país con “FM dos número un millón quinientos doce mil
seiscientos dos, en la que consta su calidad de inmigrante, en la que se
autoriza a permanecer en el país hasta el día veintiuno de mayo de dos mil
siete”. En otras palabras el funcionario español acreditó su estancia legal en
nuestro país con dos documentos distintos, situación que resulta anómala.
Desde hace más de un año, en octubre de 2007, el CDV propuso al
INFONAVIT un programa nacional de atención a los trabajadores cuyo crédito
fue vendido y para quienes atraviesan por algún problema de adeudo, sobre la
base un esquema auténticamente social. No ha habido ninguna respuesta
significativa. Sólo se ha establecido una mesa semanal para el análisis
particularizado de los casos, que si bien ha servido para avanzar en algunos
esquemas de solución, resulta insuficiente por sí sola para hacer frente a esta
problemática social nacional que corre el riesgo de entrar en una crisis más
severa en los próximos meses por las condiciones económicas adversas y por
el creciente desempleo. Ya hay síntomas innegables de ello. El más notable es
el acelerado incremento de la cartera vencida del Instituto que en seis meses
creció en más del 18%, al pasar de 110 mil en diciembre de 2007 a 133 mil
para junio de este año. Esto sin contar los decenas de miles de créditos que la
dependencia ha catalogado como reservados y que contablemente son
considerados como pasivos.
En vez de buscar una solución de fondo, el INFONAVIT sigue tercerizando los
créditos y contratando a despachos de cobranza que actúan impunemente,
ocultando información y hostigando extrajudicialmente a los acreditados con el
fin de recibir un porcentaje económico por cada crédito o vivienda recuperada.
Este mismo esquema lo aplican aún con más saña e impunidad SCRAP II y
Recuperadora de Deuda Hipotecaria. En diferentes partes del país, el CDV ha
constatado que estas dos empresas desalojan a las familias sin que exista
juicio civil de por medio. Lo hacen aterrorizando extrajudicialmente sobretodo a
los miembros más vulnerables de las familias, es decir a niños, enfermos y
ancianos, con llamadas en la noche y en la madrugada, con visitas
amenazantes en las que pegan notificaciones de desalojo haciéndose pasar
por actuarios, en el colmo del cinismo y la desfachatez, ofrecen a las familias
10 mil pesos y mudanza con tal de que dejen la vivienda. Ante tanta
arbitrariedad e impunidad no hay autoridad alguna que actúe.
Hoy, 10 de diciembre, en el Marco de la Jornada Internacional Reivindicatoria
de los Derechos Humanos el Consejo de Defensa de la Vivienda exige a:
SCRAP II y Recuperadora de Deuda Hipotecaria:
1.- Suspensión de los desalojos en todo el país.
2.- Cese al terrorismo extrajudicial que de manera ilegal ejercen contra los
trabajadores mexicanos y sus familias.
3.- Un esquema de negociación a los auténticos propietarios de las viviendas
bajo las mimas condiciones en que las adquirieron estas empresas; es decir al
10% del valor de saldo.
Al INFONAVIT:
Se replanteen opciones administrativas y legales que respeten los derechos de
seguridad y previsión social que rigen en la materia, incluyendo los créditos
cedidos, mediante las acciones siguientes:
A. Programa directo de reestructuración de créditos entre el INFONAVIT y los
trabajadores que tome en cuenta, entre otras cosas, el derecho de tanto;
B. Suspensión definitiva a los desalojos forzosos que se producen a diario en
todo el territorio nacional.
C.- Tregua Judicial a los acreditados.
D. Suspensión de la contratación de despachos de cobranza puesto que violan
distintas normatividades y los derechos humanos al ejercer hostigamiento
extrajudicial contra los acreditados y sus familias y al obligarlos a firmar
convenios de reestructuración viciados de origen.
se replanteen opciones administrativas y legales que respeten los derechos
de seguridad y previsión social que rigen en la materia, incluyendo los créditos
cedidos, mediante las acciones siguientes:
D. Ofrecer a los acreditados la opción de readquirir sus viviendas bajo las
mismas condiciones en que les fueron vendidas a las recuperadoras de deuda;
es decir al 10% del valor de saldo.

¡La defensa de la Patria, empieza por la casa!

ATTE
Arq. Laura Itzel Castillo Juárez
Secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda
Consejera Nacional del CDV