domingo, 26 de julio de 2009

La presa Zapotillo, ¿una realidad para Guanajuato?


Periodico am

26 de julio de 2009

La Olla

por LEON JACOBO ROBESPIERRE

Luego de tres décadas de promesas sin cumplir para los guanajuatenses, el proyecto de la presa Rl Zapotillo se retrasó una vez más.

El 20 noviembre del año pasado se publicó la licitación de la presa que dotará de agua a León y 12 municipios de Los Altos de Jalisco durante los próximos 25 años.

La obra, según el calendario de licitación, debería de iniciar el 15 de mayo de este año y tener un plazo de ejecución de mil 253 días para que finalmente, el 18 de octubre de 2012 estuviera lista.

De acuerdo a la licitación pública, las obras a realizar en el proyecto presa El Zapotillo consisten en: cortina de concreto compactado con rodillo, obra de desvío mediante un túnel de sección portal, vertedor de demasías, obra de toma, dos ataguías y obras asociadas de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

Sería el 20 de abril de este año cuando se diera a conocer el fallo.

El ganador sería el único responsable de la ejecución.

Pero al día de hoy nadie sabe qué constructora será la afortunada ganadora del proyecto.

Apenas hace un mes en su visita a Guanajuato, el 29 de junio, Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, afirmó que “está avanzando la presa El Zapotillo”.

Pero serán cuatro meses de retraso para dar a conocer a la empresa que realizará la construcción de la presa El Zapotillo.

En agosto se difundirá el nombre de la ganadora, quien iniciaría los trabajos entre septiembre y octubre.

Según Hugo Villalobos González, El Zapotillo se cuece cada vez más como una realidad.

Recuerde que en la segunda mitad del sexenio del ex presidente Vicente Fox, el empresario fungió como intermediario, en apoyo de Los Pinos y del Gobierno de Guanajuato, en las negociaciones para destrabar y formalizar con el gobierno jalisciense los acuerdos para arrancar las obras.

Villalobos aseguró que los trabajos físicos comenzarán en octubre.

Y aunque dijo que los habitantes de las comunidades afectadas; sobre todo Temacapulín, un poblado de 400 jaliscienses que tendrá que ser inundado con la construcción de la presa; han cedido poco a poco a ser reubicados.

La comunidad tiene 14 siglos de historia, un templo, un cristo en una cañada, un panteón y balnearios termales, que según quienes se oponen a la reubicación, serían irremplazables.

Hoy el estira y afloja está entre los pocos habitantes de ‘Temaca’ que se niegan a dejar sus casas y el Gobierno de Jalisco que negocia su reubicación.

Al movimiento iniciado por los habitantes de ‘Temaca’ incluso se ha unido Andrés Manuel López Obrador, quien prometió defender su causa.

Pero por más denuncias ante Derechos Humanos, manifestaciones y marchas por todo el país, parece que el proyecto ahora sí se concretará.

La Comisión Nacional del Agua lo contempla como prioridad dentro del programa hídrico Visión 2030.

viernes, 3 de julio de 2009

Entrega Infonavit a extranjeros patrimonio de miles de familias



Vendió la cartera vencida de 110 mil créditos a despachos de cobranza, señalan afectados

■ Pagan sólo una décima parte del valor real de los inmuebles y pueden ganar hasta 75 por ciento

■ Los convenios que ofrecen a morosos violan normas del instituto, dice uno de los inconformes

La jornada

Javier Valdez Cárdenas (Corresponsal)

Culiacán, Sin., 5 de enero. Alrededor de 38 mil familias de Sinaloa y Sonora están en riesgo de perder los inmuebles que obtuvieron a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que vendió a las empresas de capital estadunidense Pendulum Associates y Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad (SCRAP 2) alrededor de 110 mil casas que se encuentran en cartera vencida en México, informaron organismos defensores de derechohabientes en esas entidades.

El Frente en Defensa de la Vivienda de Sinaloa, el Colectivo Ciudadano por la Defensa del Patrimonio Familiar de Mazatlán, el Frente Estatal en Defensa de la Vivienda de Sonora, y Ciudadanos en Defensa de la Vivienda del estado de México advirtieron que se defenderán de lo que llaman “política neoliberal y privatizadora del gobierno federal”.

Aseguraron que abogados ligados al Partido Acción nacional (PAN) manejan los despachos que cobrarán la cartera vencida.

“El Infonavit vendió a empresas extranjeras de cobranza 110 mil viviendas a precios que oscilan entre 8 y 10 por ciento de su valor real.

“Según el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el Infonavit, Sonora tiene 23 mil viviendas en cartera vencida, casi 20 por ciento del total nacional, y Sinaloa alrededor de 15 mil, que representan casi 13 por ciento”, señaló César del Pardo Escalante.

El activista defensor de derechohabientes del sur de Sonora y el norte de Sinaloa, acusó a las autoridades de agravar el problema al favorecer a despachos de recuperación de cartera que iniciaron acciones legales contra morosos.

El Infonavit vendió a Pendulum Associates y a SCRAP 2 la cartera vencida de unas 110 mil familias del país, a un precio promedio de 15 mil pesos cada una. En Sinaloa y Sonora, donde hay unos 38 mil créditos vencidos, el monto asciende a casi 570 millones de pesos.

La Jornada intentó comunicarse con ambas empresas, cuyo personal prometió enviar información sobre estas operaciones, lo que no sucedió.

En su página de Internet, (www.pendulum.com.mx), la empresa asegura estar dispuesta a ofrecer alternativas a los deudores, entre ellas el pago del adeudo en una sola exhibición, pagos a corto plazo y la restructuración global del préstamo, lo que implicaría tramitar nuevos créditos con tasas de mercado actualizadas.

La compañía asegura que administra más de 50 mil créditos hipotecarios, 10 mil comerciales y más de 3 mil hipotecarios residenciales. Tiene sus oficinas centrales en la ciudad de México y opera en las de Chihuahua, Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Mérida, Monterrey, Tijuana y Torreón.

“Sin embargo, si los deudores son incapaces o no desean llegar a tal salida negociada, no tendremos otra opción que dar seguimiento a la recuperación a través de todos los métodos legales disponibles, hasta la adjudicación y el remate judicial de la garantía”, acota.

Organizaciones defensoras de derechohabientes señalan que la restructuración cuesta 19 mil 500 pesos, por gastos de cobranza y administrativos, lo que generaría ganancias de al menos 112.5 millones de pesos a las empresas estadunidenses.

“La restructura tiene un valor jurídico. En caso de que el derechohabiente no cumpla al pie de la letra el convenio, automáticamente éste se convierte en sentencia. O sea, primero te restructuro y después te despojo de la vivienda”, explicó Del Pardo.

“El mecanismo es el siguiente: después de la restructuración, la parte acusadora (el Infonavit) impone una mensualidad que es prácticamente imposible de cumplir. A esos juicios se les denomina ‘especial hipotecario Infonavit vs. demandante”’, comentó.

Posteriormente se presiona al trabajador para que acepte diversas cláusulas, entre ellas mensualidades que no corresponden a 25 por ciento de su salario, sino hasta 70 por ciento.

Todas las restructuraciones, advirtió Del Pardo, violan las disposiciones del Infonavit y contravienen los regímenes ordinario y especial de amortización, que permiten al empleado conservar su vivienda ante falta de solvencia, y negociar.

Así, la venta de cartera del instituto a particulares afecta al trabajador, al despojarlo de su vivienda y permitir que terceros apliquen criterios de carácter privado en un asunto público que nació como una prestación social, concluyó el activista.

En Sonora, el despacho encargado de perseguir a los derechohabientes es Consultores Profesionales Corporativos, que opera en Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas y Nogales; en Sinaloa operan Corporativo Jurídico, Expertos en Cobranza Extrajudicial, Lexis Abogados, Despacho de Asesoría y Gestoría Múltiple, que actúan sobre todo en Culiacán, Ahome y Mazatlán.

Los abogados que litigan para estas firmas obtienen entre 10 y 25 por ciento del monto que recuperen, pero si la vivienda es recuperada y rematada, las ganancias pueden llegar hasta 75 por ciento, informaron fuentes no oficiales.

El despacho Prossin pega calcomanías de casi medio metro de largo por 30 centímetros de ancho en puertas de casas de morosos, como sucedió a una joven que ignoraba estar en cartera vencida y, paradójicamente, labora en una firma de abogados que brinda servicio de cobranza al Infonavit.

El pegote decía: “Estimado acreditado: urge regularizar la situación de tu crédito. Acude de inmediato a las oficinas de Infonavit, ubicadas en Prossin (Rosales 309 Pte., casi esquina con Morelos, col. Centro, Culiacán, Sinaloa, tel. 667 212 74 21)”.

Este domicilio no es la delegación del Infonavit en Culiacán, sino el despacho. El documento pegado en la fachada de la vivienda, ubicada en la colonia Bugambilias, tenía el logotipo del instituto gubernamental y ofrecía: “De presentar problemas de invalidez o incapacidad, te pedimos comunicarte a Infonatel al 91715050 desde la ciudad de México, al 01800 008 3900 del interior de la República, o dirigirte a las oficinas de Infonavit en el estado”.

La afectada, quien pidió anonimato, informó que obtuvo un crédito por 250 mil pesos hace seis años, y paga unos 2 mil 500 pesos mensuales. “Según yo estaba al corriente; hacía mis pagos por Internet y hasta por dos o tres meses, pero ahora resulta que no, que debo hacer los pagos uno por uno, y que debo uno o dos meses, pero ésta no es manera de cobrar, exhibiéndome. ¿Como acreditada merezco esto?”

Por su parte, el Infonavit informó que por disposición de su consejo de administración, entre 2005 y 2006 vendió en subasta pública la cartera de 52 mil 418 créditos que en promedio tenían 40 mensualidades vencidas, y en algunos casos llevaban hasta 17 años sin realizar pago alguno.

El organismo precisó que en alrededor de 16 mil casos se trataba de viviendas abandonadas, invadidas o traspasadas de manera irregular; y para la otra mitad se abrieron mesas de atención, a las cuales se acercaron sólo 5 mil personas.

La primera convocatoria para rematar 18 mil 702 créditos en subasta pública se publicó el 31 de octubre de 2005, y fueron adquiridos por la empresa Capmark. La segunda, para vender cartera de 33 mil 716 créditos vencidos, se publicó el 3 de abril de 2006 y se asignó a SCRAP 2.

(Con información de Juan Antonio Zúñiga)

Infonavit: despojo y sospechas



Editorial

la jornada


De acuerdo con información proporcionada por distintas organizaciones de defensa de los derechohabientes, de la cual se dio cuenta ayer en estas páginas, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) vendió decenas de miles de créditos vencidos a las empresas de capital estadunidense Pendulum Associates y Sociedad Corporativa para la Resolución de Activos y Propiedad (SCRAP 2), que forman parte de cinco compañías dedicadas a la cobranza de cartera vencida.

La entrega de estos créditos a entidades privadas encargadas de “administrar” deudas constituye, en primer lugar, un acto de profunda insensibilidad del actual gobierno, pues pone a miles de familias en riesgo de perder su patrimonio al dejarlas a merced de las conocidas prácticas de hostigamiento, acoso y persecución de los despachos de cobranza. Al actuar en este sentido, las autoridades parecen soslayar que el incremento en la cartera vencida no necesariamente refleja “irresponsabilidad” o una “cultura del no pago” de los deudores, sino que en muchos casos obedece a factores como el desempleo, los ínfimos salarios, el encarecimiento de los productos básicos y los servicios, el desgaste sostenido del poder adquisitivo y la capacidad de pago, problemáticas ante las cuales el gobierno debiera contribuir a buscar soluciones, no a agravarlas. Esta actitud, por lo demás, contrasta con el apremio con que en este país se ha rescatado a grandes capitales financieros y propietarios de importantes empresas en problemas económicos, lo que pone en evidencia el signo antipopular, oligárquico y pro empresarial de las últimas administraciones, incluida la actual.

Adicionalmente, que los créditos vencidos de referencia se hayan rematado a precios irrisorios –de 15 mil pesos cada uno– deja la impresión de que, más que buscar resolver los problemas de insolvencia del Infonavit, la venta obedece a un designio de beneficiar a círculos empresariales cercanos al poder público.

Es significativo señalar que el consejo de administración de las empresas señaladas es presidido por Roberto Enrique Colliard López, ex coordinador general de recursos corporativos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), quien en 2006 adquirió para SCRAP 2 créditos vencidos del Infonavit de manera por demás irregular: la adjudicación se dio el mismo día en que esa compañía se constituyó ante notario y varios meses después de que se publicaron las convocatorias de las subastas públicas correspondientes (La Jornada, 18/01/08).

Otra de las beneficiarias de la venta de cartera vencida ha sido Capmark, compañía que adquirió 18 mil 702 créditos subastados tras la primera convocatoria, que se publicó el 31 de octubre de 2005, y a la que se ha vinculado con la empresa Construcciones Prácticas, propiedad de los hermanos Bribiesca Sahagún, señalados por haber incurrido en tráfico de influencias durante el sexenio de Vicente Fox.

En suma, la entrega de créditos vencidos del Infonavit a entidades particulares es, a lo que puede verse, una medida orientada a satisfacer la voracidad y los ánimos especulativos de dichas empresas a costa de los deudores y sus familias.

Es necesario, por tanto, que el organismo ponga fin a esa práctica y emprenda programas de restructuración de las deudas delicadas a causa de las necesidades de la población y a las circunstancias económicas actuales, que no signifiquen pérdida del patrimonio de los derechohabientes. Es obligado, asimismo, que el instituto haga transparentes los mecanismos de adjudicación de los créditos vencidos, a efecto de esclarecer las suspicacias generadas en torno a esos procesos.