sábado, 23 de mayo de 2009

Obama decreta una ley para proteger a los consummidores con deudas


Publicado Sábado, 23-05-09 a las 00:25

El presidente de EEUU, Barack Obama, ha promulgado una "ley histórica" que ofrece protecciones "firmes y fiables" a miles de consumidores "atrapados" en inmensas deudas de tarjetas de crédito por las prácticas abusivas de los bancos. Durante un acto en la Rosaleda de la Casa Blanca y bajo un sol intenso, Obama ha firmado una ley, aprobada esta semana en el Congreso, que prohíbe un aumento arbitrario en las tasas de interés, tarifas ocultas, cambios súbitos en los contratos y otras prácticas de los bancos emisores de tarjetas de crédito.
"Estamos poniendo en marcha algunas reformas de sentido común diseñadas para proteger a los consumidores", ha dicho Obama rodeado de líderes de ambas cámaras del Congreso que patrocinaron la ley. Obama, que durante la campaña electoral se presentó como el paladín de las clases media y trabajadora, ha señalado que la mayoría de los estadounidenses utiliza las tarjetas por conveniencia o como una "muleta temporal" para costear algún gasto imprevisto. Para una minoría de consumidores, su uso se convierte en una "dependencia inestable e incómoda", y terminan gastando más de lo que tienen, ha manifestado.
En estos tiempos de crisis, muchos se han quedado sin trabajo o sin seguro, o han visto aumentar sus hipotecas, por lo que dependen de las tarjetas "precisamente porque querían cumplir con sus responsabilidades y quedaron atrapados", ha explicado Obama. Ha citado el caso de Janet Hard, una enfermera de Michigan presente entre el público y cuya tasa de interés subió al 24% , pese a mantener un buen historial de pago. La enfermera no está sola ya que, según Obama, en la última década las deudas en las tarjetas de crédito se han incrementado un 25% en el país y uno de cada cinco estadounidenses paga intereses superiores al 20% .
"Transparencia y responsabilidad"
Obama recalca que su Gobierno no "excusa ni condena a quienes han actuado de forma irresponsable" y que la gente "tiene que vivir dentro de sus medios y pagar lo que debe". Pero también las instituciones financieras tienen que actuar con "transparencia y responsabilidad", ha enfatizado. Se calcula que cerca del 80% de las familias en EEUU tiene una tarjeta de crédito y el 44% de ellas mantiene un saldo. El promedio de deuda supera los 7.000 dólares (5.010 euros). El problema, como lo ve la Casa Blanca, es que cada año los estadounidenses pagan aproximadamente 15.000 millones de dólares (10.736 millones de euros) en multas.
La ley, que entrará en vigor en nueve meses, prohíbe aumentos arbitrarios en las tasas de interés u otras tarifas ocultas, exige claridad en los términos de los contratos y publicarlos en Internet, y un aviso de 45 días de antelación para cualquier cambio en los intereses. Los bancos no podrán aumentar los intereses de forma retroactiva a menos que haya un atraso de 60 días en los pagos o incrementarlos con base en pagos tardíos que tenga el cliente con otra entidad. Las instituciones tendrán que restablecer la tasa de interés original más baja si el cliente se mantiene al día con sus pagos durante al menos seis meses.
Además, los bancos tendrán que aplicar los pagos a los balances con los intereses más altos primero, en el caso de que el cliente tenga balances con distintas tasas de interés. También tendrán que dar a los clientes una fecha fija para los pagos y un tiempo razonable para pagar sus deudas mensuales: por lo menos 21 días consecutivos a partir de la fecha de envío por correo. Por otra parte, los estudiantes menores de 21 años tendrán que demostrar su capacidad de pago, ya sea de forma independiente o con el aval de sus padres, para poder solicitar crédito. La ley establece que los bancos e instituciones que violen los nuevos reglamentos y restricciones estarán sujetos a fuertes sanciones.

jueves, 21 de mayo de 2009

Desalojos contra mujeres


Desalojos contra mujeres


El pasado 4 de abril en Tultepec, estado de México, la señora Leticia Blanco Pacheco fue desalojada de su casa no obstante su grave estado de salud


El pasado 4 de abril en Tultepec, estado de México, la señora Leticia Blanco Pacheco fue desalojada de su casa no obstante su grave estado de salud. El caso estaba siendo defendido por el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) en la mesa de trabajo que se mantiene semanalmente con el Infonavit. Hay que señalar que la derechohabiente afectada estaba programada para una cirugía, con el objeto de extirparle un tumor localizado en su pierna derecha.

Francisco Benavides, gerente de cobranza de la institución, se comprometió personalmente a establecer un compás de espera para la realización de un estudio socioeconómico, previamente acordado, que determinara la capacidad de pago de la trabajadora.

No obstante, el 22 de marzo el despacho jurídico Consultores Profesionales Corporativos (CPC), en voz de Alfredo García Garrido le informó a la convaleciente que sería lanzada de su departamento, sin importar lo que dijera el Infonavit, ni tampoco el delicado estado de salud de doña Leticia, con todo y operación en puerta. “A nosotros nos pagan por desalojo”, señaló el representante.

Hace algunos años, el Infonavit realizaba sus actividades de cobranza sin necesidad de contratar a los despachos externos. De acuerdo a sus informes, paga más de 300 millones de pesos anuales a estos despachos.

Además, gasta 5 mil millones de pesos de recursos fiscales en pura burocracia. ¿Qué institución absorbe la totalidad de recursos para sus funcionarios? ¡Qué dispendio e ineficiencia! ¿Cómo es posible que con el tamaño del Infonavit todavía se contrate a despachos jurídicos externos para amedrentar gente y pisotear los derechos de las acreditadas?

Definitivamente se pasan por el arco del triunfo los convenios internacionales firmados por México contra la violencia hacia las mujeres, así como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos de Humanos, que señala: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure salud y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.”

Sin embargo, en México el sistema condena al sector laboral por haber perdido su trabajo. La política económica que impera en este país arroja al desempleo a 5 mil personas diariamente. Cuando un acreditado del Infonavit es despedido, pierde derechos. Así la señora Blanco Pacheco no puede acceder a un dictamen de incapacidad parcial permanente para ser liberada del crédito, como ordena el artículo 51 de la Ley del Infonavit.

En otras palabras, la pérdida del empleo implica no sólo pérdida del salario, sino de los derechos de previsión social que contempla la misma ley, lo cual es inconstitucional a todas luces. Por ahora, la acreditada está a las puertas de su casa, en silla de ruedas, acompañada por su hija y sus dos nietos, en espera de que se le haga justicia.

lunes, 4 de mayo de 2009

El decreto de Calderón






El decreto de Calderón

Laura Itzel Castillo


El artículo 73, fracción XVI, base 2 A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice textualmente: “En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República”.

El diccionario Larousse define indispensable como lo que es absolutamente necesario, lo que no se puede dispensar ni excusar. Sin embargo, el pasado 25 de abril, Felipe Calderón emitió un decreto con base en este artículo constitucional que, según el especialista René Sánchez Galindo, se presta a imprecisiones.

En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se utilizan frases como “cuando lo estime pertinente”, “acciones que resulten necesarias”, “actividades que estime necesarias”, “medidas atingentes” o “actividades dirigidas al control y combate”, sin que se defina con precisión lo que son las medidas indispensables. Con esto se le otorga una mayor facultad al secretario de Salud que las propias conferidas en nuestra carta magna, con lo que se pueden cometer, sin duda, abusos.

Es de preocupar que el decreto autorice el ingreso a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la epidemia, pero en ninguna parte encontramos de nueva cuenta el término indispensable.

En estados como Oaxaca o Puebla, seguramente se vuelven más riesgosas que el virus AH1N1 las acciones que a nombre de éste se ejercen para violar las garantías individuales de la población.

Frente a la polarización política existente, un fantasma recorre el país: el de la incertidumbre. Naomi Klein, investigadora norteamericana, autora del libro La doctrina del shock, analiza cómo posterior a los momentos de mayor crisis es posible imponer las mayores restricciones a la población y encontrar la menor resistencia. Resulta altamente simbólica la imagen del ejército repartiendo tapabocas frente al Palacio de Bellas Artes, la noche del 25 de abril.